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En nuestro artículo anterior sobre el Primer Foro Punta Cana mencionamos que el segundo panel del evento se dedicó específicamente a legislación y seguridad jurídica, con la participación de una jueza de la Suprema Corte de Justicia dominicana. Quiero dedicarle un espacio propio a este tema, porque conecta directamente con algo que hemos insistido a lo largo de toda esta serie: la protección legal de tu inversión.
Bajo el título "Legislación y seguridad jurídica: bases para la inversión y el desarrollo", moderado por el periodista Roberto Cavada, participaron Yorlín Vásquez, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Amaury Reyes, juez del Tribunal Constitucional; y los diputados Charles Noel Mariotti Paz y Carmen Ligia Barceló González. Los participantes analizaron la importancia de contar con instituciones sólidas, reglas claras y un marco jurídico confiable para generar confianza, proteger las inversiones y promover el desarrollo sostenible del país.
Uno de los participantes expresó una idea que resume bien el espíritu de la conversación: la Constitución es, ante todo, el mayor plan de desarrollo social, político y económico, ya que protege la libertad de empresa y la propiedad privada, y establece que no se pueden aplicar leyes hacia el pasado ni afectar derechos adquiridos de forma arbitraria.
A lo largo de esta serie, hemos cubierto en detalle el sistema Torrens que protege tu Certificado de Título, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, y las distintas capas de protección legal disponibles para tu inversión. Que la propia Suprema Corte de Justicia participe activamente en foros de este tipo, discutiendo explícitamente la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica como base para la inversión, es una señal institucional de que este tema está en la agenda del más alto nivel del Poder Judicial dominicano, no solo en el discurso del Poder Ejecutivo.
Vale la pena mencionar que el Poder Judicial dominicano ha mantenido participación activa en espacios de cooperación regional, incluyendo la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, celebrada en agosto de 2026, donde se discutieron temas de modernización judicial. Esto se suma a este tipo de foros nacionales como una señal de que el sistema judicial dominicano busca activamente fortalecer sus estándares y su conexión con prácticas regionales e internacionales.
Es importante ser realista: que altos funcionarios judiciales participen en foros discutiendo la importancia de la seguridad jurídica no resuelve, por sí solo, cada caso individual de disputa legal que pueda surgir. Como hemos visto en artículos anteriores de esta serie sobre fraudes inmobiliarios y la importancia de verificar la legitimidad de un vendedor, la seguridad jurídica real se construye tanto desde las instituciones como desde tu propia debida diligencia en cada transacción específica.
✔ El tema está explícitamente en la agenda institucional, discutido por jueces de las más altas cortes del país, no relegado a un segundo plano frente a las prioridades de infraestructura o crecimiento económico.
✔ Se reconoce la conexión directa entre seguridad jurídica e inversión extranjera, lo cual sugiere que las futuras reformas o interpretaciones judiciales probablemente sigan orientándose hacia fortalecer, no debilitar, la protección de la propiedad privada.
✔ La participación de legisladores de distintos partidos políticos en el mismo panel sugiere que este es un tema con cierto consenso transversal, menos sujeto a cambios abruptos según el color político de turno.
Este contexto institucional favorable no reemplaza, sino que refuerza, la importancia de las verificaciones específicas que hemos recomendado a lo largo de toda esta serie: certificación jurídica del inmueble, verificación de que el vendedor tiene derecho real a vender, revisión de permisos y trayectoria del desarrollador. Un entorno institucional que valora la seguridad jurídica es el contexto ideal dentro del cual esas verificaciones específicas realmente funcionan como deberían.
Este tipo de señales institucionales, aunque no sustituyen tu propia debida diligencia, sí forman parte del panorama completo que respalda la decisión de invertir en Punta Cana con mayor tranquilidad. Un país donde la propia Suprema Corte de Justicia participa activamente en discusiones públicas sobre la protección de la propiedad privada está enviando una señal clara sobre hacia dónde quiere dirigir su desarrollo institucional.
Si quieres que conversemos sobre cómo la seguridad jurídica dominicana respalda tu inversión específica en Punta Cana, escríbeme. Soy Yolanda Landínez y trabajo siempre con la protección legal de mis clientes como prioridad: escríbeme por WhatsApp.
Este contenido es informativo y se basa en declaraciones realizadas durante el Primer Foro Punta Cana el 15 de septiembre de 2026. No sustituye la asesoría de un abogado especializado para casos específicos.